nforme Berlinger: intentarán imponer el «putimonio» a los 27
A las 1:11 AM, por Juanjo Romero
El día 22 de noviembre se debatirá, y previsiblemente el 24 se votará en la plenaria del Parlamento Europeo, el «Informe sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo», en politiqués el «informe Berlinger» —por el ponente, el eurodiputado italiano de la izquierda del PD—
El informe supone introducir por detrás —sin segundas— la obligación a los 27 estados miembros de la Unión Europea a reconocer el matrimonio de las personas del mismo sexo aun cuando las legislaciones propias no lo hagan.
Ya sé que el derecho comunitario y más en estas vertientes administrativas es un tema poco glamuroso pero hoy en día los parlamentos nacionales legislan poco y una gran parte de su actividad se limita a «transponer» legislación comunitaria europea. Personalmente me parece de gran infantilismo el desprecio que muestra mucha gente buena al «derecho administrativo», cuando es la manera más eficaz, directa e inmediata de configurar y cambiar la realidad social.
El informe en cuestión
En la práctica supone que si un estado de la Unión Europea reconoce el gaymonio este debe ser reconocido a los individuos por todos los estados. Así que bastará un poco de turismo homosexualista a mi soleada España o a la fría Suecia, para que esa pareja tenga que ser reconocida legalmente como gaymonio en todos los demás. Eso por no citar casos más estrambóticos, como pueda ser el contrato de cohabitación belga que permite de algún modo la poligamia.
Por cierto, el Programa de Estocolmo no trata en ningún sitio del reconocimiento de la documentación de estado civil expedida por administraciones nacionales. Pero seguro que en esta época de crisis cuela todo.
El informe supone introducir por detrás —sin segundas— la obligación a los 27 estados miembros de la Unión Europea a reconocer el matrimonio de las personas del mismo sexo aun cuando las legislaciones propias no lo hagan.
Ya sé que el derecho comunitario y más en estas vertientes administrativas es un tema poco glamuroso pero hoy en día los parlamentos nacionales legislan poco y una gran parte de su actividad se limita a «transponer» legislación comunitaria europea. Personalmente me parece de gran infantilismo el desprecio que muestra mucha gente buena al «derecho administrativo», cuando es la manera más eficaz, directa e inmediata de configurar y cambiar la realidad social.
El informe en cuestión
Subraya la necesidad de asegurar el reconocimiento mutuo de los documentos oficiales publicados por las administraciones nacionales; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a la libre circulación y apoya firmemente los planes para permitir el reconocimiento mutuo de los efectos de los actos del registro civil; pide mayores esfuerzos para reducir la barreras a las que se enfrentan los ciudadanos que ejercen sus derechos a la libre circulación, especialmente en lo que se refiere al acceso a las prestaciones sociales a las que tienen derecho y su derecho al voto en las elecciones municipales;No voy a adentrarme en consideraciones jurídicas, en la grave violación del principio de subsidiariedad — que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema—, ya suficientemente peñazo es el tema. Pero no hacen falta grandes conocimientos legales para entender que «el reconocimiento mutuo de los efectos de los actos del registro civil» por un Estado de los «actos del registro civil del otro» supone tragarse la concepción y la legislación del derecho de familia.
En la práctica supone que si un estado de la Unión Europea reconoce el gaymonio este debe ser reconocido a los individuos por todos los estados. Así que bastará un poco de turismo homosexualista a mi soleada España o a la fría Suecia, para que esa pareja tenga que ser reconocida legalmente como gaymonio en todos los demás. Eso por no citar casos más estrambóticos, como pueda ser el contrato de cohabitación belga que permite de algún modo la poligamia.
Por cierto, el Programa de Estocolmo no trata en ningún sitio del reconocimiento de la documentación de estado civil expedida por administraciones nacionales. Pero seguro que en esta época de crisis cuela todo.
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