viernes, 18 de febrero de 2011

El Vaticano declara culpable de abusos sexuales a un sacerdote chileno


El religioso, de 81 años, abusó de al menos un menor y otros feligreses de una parroquia de Santiago. La justicia civil archivó la causa porque habría prescrito.
efe, santiago de chile | Actualizado 18.02.2011 - 22:53

El Vaticano declaró culpable de abusos sexuales al sacerdote chileno Fernando Karadima, de 81 años y formador de cinco obispos, informó en Santiago el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Ricardo Ezzati. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha concluido tras una investigación que el religioso es culpable de abuso sexual contra al menos un menor y otros feligreses de una parroquia de Santiago en la que ejerció su ministerio, y, dada su edad, le ordena "retirarse a una vida de oración y penitencia". Además, le impone la prohibición perpetua del ejercicio de cualquier acto de ministerio, en particular de la confesión y de la dirección espiritual de cualquier persona.

En un proceso paralelo, la justicia civil decidió recientemente sobreseer el caso por haber prescrito los delitos y archivar la investigación por estos hechos, cometidos hace dos décadas y que salieron por primera vez a la luz pública en abril de 2010. Tras conocer la decisión de la Iglesia católica, el presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo que es "bueno que se sepa la verdad, pero también es bueno sacar lecciones de esta verdad", y se comprometió a defender a los menores víctimas de abusos sexuales y de violencia doméstica.

El Arzobispado de Santiago, encabezado por el propio Ezzati, será el encargado de definir la residencia a la que Karadima se deberá retirar. Según el presidente de la Conferencia Episcopal, con esta decisión se tratará de "evitar absolutamente el contacto con sus ex parroquianos o con miembros de la unión sacerdotal o con personas que se hayan dirigido espiritualmente con él".

Además, al sacerdote se le prohíbe asumir cualquier tarea en la parroquia del Sagrado Corazón de El Bosque, situada en un acomodado barrio de Santiago en la que desempeñó su labor durante años y a la que acudían los cuatro hombres que le denunciaron por abusar sexualmente de ellos. En caso de no cumplir con estas medidas, el inculpado podrá recibir penas más graves, incluida la suspensión del estado clerical.

Además, la sentencia sugiere que el Arzobispado de Santiago haga una visita canónica a esa parroquia "con la finalidad de verificar la eclesialidad de los procesos formativos y la transparencia de la administración económica". Karadima, que fue informado de esta decisión a mediados de enero, podrá apelarla en un plazo aproximado de dos meses. "La reacción del padre fue de mucha sorpresa frente a esto y meditación muy profunda. Dijo que iba a leer con calma todo el decreto (...), que lo iba a meditar y emprendió la tarea de preparar su defensa ante la Santa Sede", explicó Ezzati. El arzobispo manifestó una "gran tristeza por el daño" que este caso ha causado a la Iglesia católica y un "profundo dolor" por el daño que han sufrido las víctimas, con las que previamente se había puesto en contacto para transmitirles la resolución de la Santa Sede. Juan Pablo Hermosilla, abogado querellante en la causa, dijo que es "una resolución extraordinariamente importante" y "produce una sensación de reparación" en las víctimas.

La Iglesia católica chilena inició en 2005 la indagación sobre estos hechos, que se reactivó a partir de abril pasado cuando el caso se difundió a través de la prensa. En junio, y tras concluir la indagación administrativa, el entonces arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, pidió al Vaticano iniciar el juicio canónico contra el religioso. Ezzati fue en 2009 uno de los cinco obispos designados por el papa Benedicto XVI para investigar los abusos sexuales cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel (1920-2008). En la vía civil, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará el miércoles la apelación al sobreseimiento definitivo del caso Karadima, que un juez resolvió cerrar en diciembre al considerar que los delitos ya habían prescrito.

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